Justificación y enfoque:

Después de décadas de iniciativas y debates internacionales y nacionales con pocos consensos sobre el papel de la empresa en el desarrollo sostenible y los derechos humanos, a finales de la primera década del siglo XXI se alumbraron varios marcos, acuerdos y compromisos internacionales, basados en un amplio consenso entre actores.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas (ONU) para “proteger, respetar y remediar”. Si bien Naciones Unidas ha sido el organismo que ha definido el marco de responsabilidades en su definición inicial, después actores como la OCDE, OIT y, en especial, la Unión Europea están impulsando medidas que van a influir en los mercados, el comercio, la inversión y el modelo de desarrollo.   

En diciembre de 2019, la Comisión Europea adoptó su nueva estrategia de crecimiento, el Pacto Verde Europeo, basada en un conjunto de acciones clave que ayudarán a la UE a convertirse en un continente climáticamente neutro de aquí a 2050, hacer que su sociedad sea más resiliente a los impactos del cambio climático, impulsar el uso eficiente de los recursos a través de una economía limpia y circular, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. El comportamiento de las empresas en todos los sectores de la economía es fundamental para tener éxito en esta transición climática de la Unión y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto requiere la aplicación de amplios procesos de mitigación de los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor, la integración de la sostenibilidad en los sistemas de gestión y gobernanza empresarial.

En este contexto, tras el complejo proceso de negociación y acuerdo entre los órganos de Gobierno de la UE (Consejo, Parlamento y Comisión) se aprueba finalmente por el Parlamento de la UE la Directiva en Debida Diligencia en Sostenibilidad de la UE, que establece las normas que deben cumplir las  empresas, que operan y tienen relaciones comerciales con el mercado único de la UE, para el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones, y través de toda su cadena de valor.

La interpretación de la debida diligencia de esta directiva (alineada con lo definido por las Naciones Unidas, la OCDE o la OIT) es el marco de gestión de riesgos en derechos humanos y medioambiente que representa la piedra angular de varias de las normativas que se está desarrollando la UE en el marco reglamentario sobre sostenibilidad. Algunos ejemplos son las normativas relacionadas con la información en sostenibilidad, taxonomía e inversiones sostenibles, cadenas de suministros, deforestación y protección de la biodiversidad, la importación de minerales en conflicto, así como otras, aparentemente más alejadas, que tratan la lucha contra la trata de personas, la fabricación de pilas y baterías, entre otras. 

En América Latina también existen diversos desarrollos de políticas públicas y leyes que los distintos países han impulsado para contestar a los desafíos globales y propios en materia de sostenibilidad, y especialmente en respeto a los derechos humanos y el medioambiente. En este sentido, hasta la fecha, se han aprobado Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos en Colombia, Chile, Perú y Argentina. Además, hay constancia de otros países de América Latina que están en el proceso de elaboración entre ellos México, Brasil, Ecuador, Guatemala, y Honduras.

Existe, por tanto, una tendencia normativa en América Latina y Europa relacionada con la debida diligencia de las empresas, como instrumento para respetar los derechos humanos y el medioambiente en su modelo de negocio que afectará las relaciones comerciales, de financiación e inversión entre ambas regiones. La implantación de la Directiva europea en los diferentes países y su afectación a la práctica empresarial tiene un impacto extraterritorial, por lo que presenta múltiples retos y oportunidades en un contexto de cadenas de suministro globalizadas, con importantes lazos económicos y empresariales entre ambas.

 Objetivos del seminario:

Para contribuir a la eficacia de la implementación de la Directiva Europea de Debida Diligencia, es pertinente facilitar espacios de debate y construcción entre los actores de distintas naturalezas y orígenes llamados a actuar bajo este marco. Se propone organizar un seminario multiactor que provoque un diálogo, reflexión y debate, para identificar los principales retos y oportunidades que tienen que afrontar, con acciones conjuntas desde lo público y lo privado y en el que se reflexione sobre:

• El contexto actual a nivel legislativo en ambas regiones, con normativas ya aplicables en algunos países europeos y de América Latina y la transposición de la Directiva Europea a los diferentes Estados miembros.
• Los retos y oportunidades que ambas regiones abordarán ante esta nueva apuesta por la economía sostenible y el respeto por los Derechos Humanos en sus relaciones comerciales, de financiación e inversión.
• Qué cambios de estrategia se considera que deberían contemplar las empresas de ambas regiones para ser eficaces en abordar los nuevos desafíos económicos y sociales que vienen asociados a la economía sostenible. Cómo afectará la normativa a las empresas multinacionales y a las PyMES.
• Experiencias y expectativas de afectación en sectores concretos. Cómo se puede extrapolar esta experiencia a otros sectores o países de la región.

Palabras de bienvenida e introducción:

Intervenciones de inauguración:

Primera sesión: Desafíos en América Latina y el Caribe ante la nueva Directiva europea.  Experiencias en la región en materia de Debida Diligencia. Líneas de cooperación en el Espacio EuroLatinoamericano

Segunda sesión: Cómo influirá la nueva Directiva europea en la actividad de las empresas europeas y latinoamericanas que operan en ambos mercados. El caso de las cadenas de suministro