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La transformación digital: oportunidad para la cooperación entre Europa y América Latina
La digitalización y la automatización están transformando de manera profunda nuestras sociedades y nuestras economías, generando impactos de diversa naturaleza. Los procesos de desintermediación y las ganancias de eficiencia derivadas del uso intensivo de la tecnología en el tejido productivo constituyen oportunidades para el crecimiento económico, como lo demuestran estudios que indican que un avance del 1% en el índice de digitalización de un país genera un incremento en la productividad que se traduce en un crecimiento del 0,3% en el producto interno bruto (PIB)[1]. Además, debido a la dinámica de mayor actividad innovadora y la apertura de nuevos mercados, la digitalización deriva indiscutiblemente en más oportunidades de progreso y desarrollo.
Aprovechar la Cuarta Revolución Industrial logrando la plena inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información y digitalizar los procesos productivos, favoreciendo el emprendimiento y la innovación, deben ser prioridades fundamentales para cada uno de nuestros países. De igual manera, es indispensable analizar los impactos que estos procesos de transformación tienen sobre los ciudadanos y los Estados. En particular, debemos abordar la globalización digital que pone en crisis el alcance jurisdiccional de los gobiernos sobre la actividad online y exige construir mecanismos de gobernanza en el plano internacional, así como interpretar las dinámicas geopolíticas que subyacen a la configuración de un nuevo ordenamiento económico del mundo, en el que actores privados tienen una creciente relevancia.
América Latina y Europa, pese a sus diferencias en términos de naturaleza y magnitud, comparten importantes desafíos en los ámbitos de la digitalización, la automatización y la transformación productiva, que condicionan su capacidad de producir valor sobre Internet. Esto es una oportunidad para un diálogo productivo para ambas regiones que se sitúan muy por detrás de Estados Unidos: si analizamos el contenido creado localmente al que acceden los usuarios de Internet, en el caso de Europa Occidental apenas alcanza al 36% y en el caso de América Latina se queda en un 27%, lo que indudablemente se traduce en una pérdida de valor o transferencia de riqueza a través de Internet a América del Norte a través de las plataformas globales de internet[2].
En el proceso de construcción del modelo de gobernanza de la economía global para la era digital, la relación y el diálogo entre América Latina y Europa resulta de mayor interés para permitir desarrollar estrategias conjuntas que aborden este tipo de desafíos asociados a la digitalización. Este proceso no solamente debe ser político entre Estados, sino que también considerar a las empresas, la academia y la sociedad en su conjunto. Avanzar en el intercambio de buenas prácticas regulatorias, fiscales e institucionales en favor de la competencia, la innovación y el desarrollo acelerado del ecosistema digital resulta clave. Esto, atendiendo a las tendencias y desafíos actuales como la fiscalidad en el ecosistema digital, la protección de los datos privados, la tendencia oligopólica de las plataformas de internet, los cambios en la era de la convergencia, las nuevas necesidades en materia de redes de conectividad, la construcción de mercados regionales o el paso del internet del consumo al internet industrial.
La irrupción de servicios digitales provistos sobre Internet ha generado en numerosas economías la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios hacia el exterior, ello a partir de estrategias de planificación fiscal que tienen el objetivo de alcanzar una escasa o nula tributación local. Este tipo de prácticas causa un importante daño a las arcas públicas en Europa y América Latina, y es fuente de asimetrías entre prestadores de servicios similares. Condición que resulta agravada cuando los servicios son provistos desde países extranjeros, dificultando su fiscalización. En dicho escenario, la creciente relevancia de los servicios digitales en las economías hacen que de no abordarse los cambios necesarios en la fiscalidad del actual ecosistema digital, se ponga en riesgo el adecuado financiamiento de los Estados.
Sin lugar a dudas, hoy la economía de datos es parte relevante de la digitalización y ofrece oportunidades de creación de valor. Sin embargo, es preciso establecer una adecuada regulación que evite abusos y permita a los ciudadanos mantener control sobre su información personal. Por ello, resulta necesario analizar los distintos marcos jurídicos aplicables a la captura, almacenamiento y explotación de los datos personales por parte de los proveedores de servicios digitales, incluyendo aquellos sin personería jurídica en ámbitos nacionales. Esto resulta fundamental para las acciones de vigilancia efectuadas por los gobiernos y la investigación de ciberdelitos. Necesitamos constituir entornos internacionales de protección, establecer acuerdos de reciprocidad con otros Estados y regiones, así como coordinar esfuerzos para reforzar la seguridad de las redes y la cooperación en el combate a los ilícitos.
Las plataformas de Internet suelen ser instrumentos muy útiles para acercar oferentes y demandantes en determinados mercados. Su posición de intermediarios les permite recopilar información valiosa y desarrollar modelos que rentabilizan la gestión de los datos, lo que les confiere un rol central en la economía digital. La tendencia a la concentración en el mercado de plataformas y su vinculación con el resto de la economía, así como la creciente dependencia de los usuarios a hacer uso de ellas en escenarios no interoperables, introduce incentivos para que, en ausencia de regulaciones que garanticen su neutralidad, estas actúen de forma discriminatoria en favor de sus propios productos y servicios, afectando la competencia. Con el fin de evitar el abuso de posiciones de dominio, y permitir un ecosistema abierto a la innovación, es imperativo actualizar los instrumentos de protección de la competencia a la naturaleza de la economía digital.
Adicionalmente, los cambios en los paradigmas tecnológicos y económicos que ha generado el fenómeno de la convergencia requieren de una profunda reflexión respecto a la naturaleza de las políticas públicas adecuadas que puedan adaptarse a este nuevo entorno y que faciliten el cumplimiento de los objetivos de las autoridades públicas relacionados con la masificación de la conectividad y desarrollo de la Economía Digital. Es clave dejar atrás antiguos dogmas regulatorios y adaptarlos a era de la convergencia tecnológica, en la que existe la capacidad de todas las redes (cobre, fibra, móvil, cable, satélite) para ofrecer todos los servicios (telefonía, internet y contenidos audiovisuales).
Todo esto aparece en un contexto en el que necesitamos expandir las redes de conectividad para atender la creciente demanda producto del mayor número de dispositivos conectados y las cada vez mayores exigencias de calidad en los servicios, con la promesa del Internet de las cosas (IoT) en el horizonte. El desarrollo de redes 5G se vislumbra como un oportunidad para poder hacer frente al cierre de la brecha digital y al aumento de tráfico de datos producto del desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones No obstante, para cumplir con dichas expectativas, el ecosistema 5G debe hacer frente a importantes desafíos para facilitar las condiciones de entorno que estimulen el despliegue de las infraestructuras necesarias entre los que cabe considerar cuestiones tales como requisitos técnicos y disponibilidades de espectro en bandas específicas, para los que el intercambio de buenas prácticas entre ambas regiones será de gran utilidad. Un aspecto fundamental es priorizar el valor social del espectro en los procesos de adjudicación, por encima de la tentación recaudatoria.
Por otra parte, las iniciativas para la construcción de mercados únicos digitales en ambas regiones resultan alentadoras. La Comisión Europea ha lanzado en una iniciativa para que la Unión Europea avance hacia la configuración del Digital Single Market. En América Latina, se encuentra en la agenda de discusión una iniciativa equivalente, que busca integrar los mercados digitales de la región. Resulta propicio discutir acerca de las potencialidades de generar estos espacios comerciales, las posibilidades de cooperación entre ambas regiones, así como las oportunidades que se derivarían de un eventual futuro acuerdo sectorial UE-LATAM en la materia.
Por último, tal como se evidenciaba anteriormente, la incorporación intensiva de las TIC en los procesos productivos es clave para incrementar la competitividad de las economías e impulsar el crecimiento. Así, es necesario analizar su rol clave para el futuro y debatir acerca de posibles iniciativas que permitan incentivar la adopción y uso intensivo de la digitalización por parte de empresas de ambas regiones. La aplicación de las tecnologías digitales, tales como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, Cloud Computing, Blockchain, o la Inteligencia Artificial, a los procesos productivos o a los negocios, permite incrementar la eficiencia, ahorrar energía, mejorar la gestión de recursos naturales y humanos, y aportar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A partir de todos estos avances podrán surgir nuevos modelos de negocio y aprovechar estos desarrollos para un mayor potencial para la optimización de la producción y la logística.
En definitiva, los desafíos para Europa y América Latina en el escenario de la Economía Digital son enormes, pero también compatibles. Las oportunidades de cooperación no son menores, y podrían sentar las bases para un escenario de mejores condiciones para el surgimiento de un nuevo orden digital, en pro del desarrollo y mayores oportunidades de generación de riqueza en beneficio de todos nuestros ciudadanos.
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[1] Metodología desarrollada por el Profesor Raul Katz y Pantelis Koutroumpis en 2012, con el fin de medir el nivel de digitalización de un país complementando los indicadores tradicionales de penetración con variables que además consideren el uso de aplicaciones y contenidos. El índice consta de seis variables: Asequibilidad, confiabilidad, acceso, capacidad, uso y capital humano, junto a 23 subindicadores que miden parámetros tangibles de métricas de digitalización. Ver: Measuring Socio-Economic Digitization: A paradigm shift, 2012. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2070035
[2] R. Katz, El Ecosistema y la Economía Digital de América Latina, 2015
PABLO BELLO
Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET
